La discusión acerca de cómo la o el niño judicializado debe responder por los hechos delictivos cometidos genera dos posiciones dominantes: Una en que se exige una especial penalización mientras que desde la otra, se solicita responsabilización social y psicológica. Este artículo discute ambas posturas en busca de una síntesis proponiendo garantizar juicios justos coartando la tradicional discrecionalidad judicial en este campo pero, a la par, rechaza todo sistema de penas especiales como vía para la construcción de responsabilidad social y subjetiva.
