A menudo se producen en sociedades como la nuestra fenómenos violentos alrededor de las competiciones deportivas, y sobre todo del fútbol. El legislador ha optado por reprimirlos con normas administrativas que abarcan asimismo la formulación de expresiones que pudieran contribuir a crear un clima propicio para la agresión, y cuyo principal exponente es la Ley 19/2007 contra la Violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Este artículo analiza cuál es la relación entre la mencionada normativa y aquella de carácter penal con la que guarda afinidades, situándola bajo una reflexión iusfilosófica que nos ayude a entender la auténtica posición del legislador y de los tribunales sobre el “discurso del odio”. El resultado de esta evaluación conduce a pensar que la Ley 19/2007 mezcla en un mismo orden administrativo medidas para proteger la “paz pública” con otras que defienden la igualdad, cuando en realidad obedecen a principios bien distintos. Pero también que, a pesar de ello, ha creado un instrumento que permite cubrir la ausencia de represión penal de expresiones discriminatorias en el ámbito de los espectáculos deportivos.