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Las dificultades del Estado para hacer frente a atentados terroristas como los producidos el pasado 13 de noviembre de 2015 en París, o los más recientes del 22 de marzo de 2016 en Bruselas o del 14 de julio en Niza, han puesto de relieve las vulnerabilidades de las sociedades democráticas ante fenómenos no convencionales que suponen un reto para las capacidades de sus gobiernos, y con ello, de sus líderes políticos. La discusión en torno a las políticas de defensa y seguridad común que han tenido lugar en el marco de la Unión Europea entre sus miembros, o bien, sobre las estrategias geopolíticas atlánticas en el marco de la OTAN con sus socios americanos, tienen como principio la necesidad de cooperación entre sus Estados, para viabilizar el esfuerzo individual parcial hacia derroteros comunes más amplios. La globalización, la cara económica actual de la realidad internacional, también sobrepasa la lógica del funcionamiento de los Estados, y a pesar de que es un producto de la política desarrollada por ellos mediante el fomento al comercio y libre mercado, sus consecuencias y la ausencia de supervisión estatal en sus mecanismos puede desencadenar desastres y problemas como en 2008 con el sistema financiero internacional. Inseguridad y globalización han ido tejiendo – conduciendo – las políticas de los Estados, compartiendo poder con organizaciones privadas (legales e ilegales) que no están sometidas a mecanismos de legitimación de su poder por los ciudadanos; por lo que no están compelidas por un marco de actuación específico ni por mandatos definidos. Se trata, pues, de una cierta homologación del poder entre los Estados democráticos y organizaciones no democráticas, en esferas de competencias en un empeño por lograr una mejor posición en áreas antes reservadas, en exclusiva, a la voluntad de los gobiernos... |